El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha designado hoy martes como presidenta del órgano de gobierno de los jueces a la magistrada progresista Isabel Perelló, que ha logrado 16 votos a favor, ante la magistrada de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, Ana Ferrer, a quien los jueces conservadores se han opuesto con fiereza.

Entre las grandes economías, España, es el país donde más crece la renta familiar.

Según los datos de la OCDE,  los ingresos de los hogares españoles han subido un 8,9%, desde el primer trimestre de 2022, un crecimiento que viene dado por la extraordinaria respuesta que nuestro país dio al problema de la pandemia, y a que la misma favoreció a los sectores de servicio, en los que nuestro país es líder, mientras que castigó a los sectores de industria.

La bonanza de los hogares españoles hay que achacarla también a la subida de los salarios, por encima de la inflación, y la extraordinaria marcha del empleo, donde se están batiendo records de contratación, lo que permite que haya más personas trabajando en cada núcleo familiar, cobrando más, y por tanto con un mayor poder adquisitivo, lo que a su vez ha facilitado la creación de más pequeñas y medianas empresas que han cerrado el círculo con la creación de más puestos de trabajo, lo que propicia que, en general, a todos nos vaya bastante mejor, y hayamos crecido, aunque no alcanzamos lo óptimo, en el último trienio.

Por su parte la inflación nos está dando un respiro y los financieros están logrando una mayor rentabilidad de los depósitos.

La pandemia provocó una crisis mundial que se vio agravada en Europa con la guerra de Ucrania, lo que llevó a una brutal escalada en el precio de la energía y, por consiguiente, en el resto de productos y servicios, ocasionando una auténtica sangría en el 'bolsillo' de las familias, un verdadero caos económico que hizo que el Banco Central Europeo (BCE) subiese los tipos de interés oficial para la eurozona.

En definitiva, el Gobierno de progreso español ha sabido dar una acertada respuesta a los problemas que afrontaba la economía de España tras la pandemia y a pesar de la guerra, implantando políticas de protección de las rentas familiares y la protección a las empresas. 

Usted debe saber que la Cruz de Borgoña, en su origen, nada tiene que ver con el Franquismo y es una representación del martirio de San Andrés, que fue empleada por primera vez en la boda de Juana I de Castilla, hija de los Reyes Católicos, con Felipe I (El Hermoso), quien era duque de Borgoña, de la que San Andrés era patrón, por lo que la Cruz de San Andrés era emblema de las banderas borgoñesas.

La primera vez que esta bandera fue ondeada por como insignia de las tropas españolas fue en la batalla de Pavía, en 1525, y a partir de entonces, la Cruz de Borgoña sería el distintivo más empleado por los tercios españoles.

Desde el reinado de Felipe II, por orden real, los tercios españoles debían portar, además de las banderas de cada compañía, en cabeza una Cruz de Borgoña de color amarillo con las aspas en rojo. Con el tiempo la Cruz Borgoña se fue distinguiendo como emblema de la monarquía hispana, hasta la llegada de los Borbones en 1700, y en concreto el rey Carlos III que, para distinguirse de otras ramas borbónicas, ordenó sustituirla por la actual bandera rojigualda.

La formación antidemocrática VOX, liderada por Santiago Abascal, ya no esconde que “va a por Sánchez” (el PP aún se escuda en nobles causas), mientras la extrema derecha del Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, no cesa en pedir la dimisión del presidente del Gobierno, por lo que sea, desde la nueva fuga de Puigdemont, a la temperatura del agua mineral que sirven en la cafetería del Congreso, y exigir el adelanto electoral.

Ambas organizaciones fascistas cuentan con el apoyo de una buena parte de la magistratura, muy infiltrada por el Opus, y cuyo ariete actualmente está representado por el juez del juzgado de Instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, en su empeño de acoso a Sánchez, pera lo que han montado un “caso pantomima”, que, aunque terminé finalmente en nada, como ha ocurrido con el resto de casos judiciales montados contra las fuerzas progresistas, podría llevar a hacer dimitir al presidente del Gobierno, si finalmente peinado o cualquier otro juez, decide imputar a Pedro Sánchez, en la causa inventada contra su mujer, ya que la mínima responsabilidad política le impediría seguir en el cargo estando imputado, aunque sea en una causa tan descaradamente arbitraria y falsa como en la que han envuelto a su mujer, pero estaría imputado, una imputación, además, que debería considerar admitir o no a trámite la sala segunda del Tribunal Supremo, presidida por un juez Marchena, muy próximo al PP, y que, según el portavoz de la formación de extrema derecha en el senado, Ignacio Cosidó; “está controlada desde detrás” por el Partido popular. 

¿Pueden jueces prevaricadores torcer la voluntad del pueblo español y derribar al presidente del Gobierno? 

En España sí, sin duda. Y a por él van. 

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Jueztocracia.

por Josemi Montalbán.

La revista estadounidense Newsweek, que no es precisamente uno de los burdeles mediáticos que los fascistas españoles mantienen con el dinero de todos, advierte sobre el golpe de estado judicial que se está intentando en España, alertando respecto a que el Tribunal Supremo ha decidido desafiar al poder legislativo señalando que la justicia española ha sobrepasado sus límites al enfrentarse al parlamento, creando un cisma inquietante en la frágil democracia del país.
Según la prestigiosa Newsweek, este enfrentamiento entre poderes no solo desestabiliza el equilibrio interno, también siembra muchas dudas al respecto de la salud democrática de nuestro país, y que parece más bien precaria, con un sistema judicial que no duda en ejercer un rol que no le corresponde y desempeñar un papel político activo, para, de facto, erigirse en un "gobierno en la sombra" que se impone a la voluntad de las urnas.
Visto lo visto parece que España es más una "jueztocracia" que una democracia, y por tanto, los ciudadanos en lugar de votar la composición del Parlamento, cada cuatro años, igual deberíamos votar la composición del Tribunal Supremo.