Las Últimas Víctimas de Franco

Jaime Tenorio.

Septiembre/24

Que ciudadanos civiles pudiesen ser “juzgados” en auténticos consejos de guerra por la “justicia” militar se debía al Decreto de Prevención del Terrorismo que establecía que civiles encausados en procesos de terrorismo pudieran ser enjuiciados por militares, que no guardaban las más mínimas garantías procesales a las que tenía derecho cualquier ciudadano.

El 27 de septiembre de 1975, el régimen genocida del sanguinario dictador Francisco Franco,  perpetró los últimos asesinatos del franquismo cuando el criminal que agonizaba (y que ahora nos quieren vender como excelente persona que jamás mató ni ordenó matar) no tuvo piedad, dejando claro que su régimen jamás se civilizó, ni suavizó, ni atendió al clamor internacional y sumó a sus centenares de miles de personas asesinadas bajo su pendón de terror a otras cinco almas, que lo encontrarían dos meses después en el infierno.
José Luis Sánchez – Bravo, José Humberto Baena Alonso y Ramón García Sanz, militantes del Partido Comunista de España y miembros del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) fueron fusilados al amanecer de aquel día en El Palancar, a unos cuarenta kilómetros de Madrid. Tras un juicio sumarísimo que no reunió ninguna garantía procesal y estuvo plagado de irregularidades desde el primer momento; la orden desde El Pardo era tajante. Aquellos hombres debían morir.
Por su parte los miembros de ETA, Ángel Otaegui Echevarría, en Burgos y Juan Paredes Manot, en Barcelona, fueron asesinados tras sendos procesos sumarísimos sin ningún tipo de garantía.
Que ciudadanos civiles pudiesen ser “juzgados” en auténticos consejos de guerra por la “justicia” militar se debía a que sólo un mes antes, y ya con la intención puesta en estos reos (y otros seis que gracias a la presión internacional lograron salvar la vida), se había aprobado el Decreto de Prevención del Terrorismo que establecía que civiles encausados en procesos de terrorismo pudieran ser enjuiciados por militares, que aparte de no contemplar las más mínimas garantías procesales a las que tenía derecho cualquier ciudadano, resultaban de una celeridad pasmosa y además no contemplaban la posibilidad de recurso por parte del condenado, o sea y para entendernos que allí se dictaba la sentencia que el mandamás de turno ordenaba y lo de los “juicios” era una pantomima con la que justificar una orden jerárquica.
Aquellos cinco últimos asesinados por el régimen traidor y criminal franquista siempre mantuvieron su inocencia en los cargos que se les imputaron (el asesinato de un policía y un atraco) y lo cierto es que nunca se probó su implicación en los delitos.
Justo será recordar a esas cinco infortunadas víctimas de aquel angelito que ahora está tan en los noticiarios, en el día en que nadie conmemorará su asesinato por parte de un estado que sigue teniendo entre sus más preclaros próceres, muchos ilustres apellidos de aquellos fascistas de gatillo fácil.