Separación de poderes; la nueva arma de manipulación masiva
Josemi Montalbán.
Diciembre/23.
Pretenden los patriotas franquistas adalides de la Constitución y la democracia, acusar al legítimo Gobierno de España de estar dinamitando la mencionada separación de poderes, como si los poderes hubieran, o hubiesen, estado alguna vez separados en la hispana tierra.
Anda la organización criminal PP montando su bulla habitual, en esta ocasión y como lo de la cosa de la amnistía, una vez que se ha conocido el texto de la ley, no parece que vaya a romper España, utilizando el cuento de la separación de poderes, para separar aún más a los españoles y sembrar sus simillas de odio y división, que le permita a corto plazo recoger la cosecha de voto indocumentado de la que viene viviendo desde que la muerte de un genocida obligó a sus herederos a tragar con las reglas de juego cuasi democrático.
Pretenden los patriotas franquistas adalides de la Constitución y la democracia, acusar al legítimo Gobierno de España de estar dinamitando la mencionada separación de poderes, como si los poderes hubieran, o hubiesen, estado alguna vez separados en la hispana tierra.
Hay que ser muy tonto, no quiero señalar a nadie, para creerse las absurdas mentiras de la vocera oficial de la organización criminal, Cuca Gamarra, porque basta echar un vistazo a la prensa del día para leer cómo importantes presuntos chorizos vinculados al hampa pepero son absueltos a diario por jueces presuntamente prevaricadores, que andan presuntamente prevaricando por bastardo interés, por ideología, o por ambas razones.
Las muy buenas relaciones de Ayuso con los jueces del TSJM
Muy tonto hay que ser, sigo sin querer señalar a nadie, para tragar con el embuste de doña Cuca, cuando hemos visto, porque los burdeles mediáticos que la banda franquista mantiene a su servicio pagados con nuestros dineros nos han “informado” ampliamente de ello, como jueces presuntamente independientes, integrantes del todopoderoso Consejo General del Poder Judicial, que la organización criminal PP se niega a renovar, vaya usted a saber por qué, se pronunciaban, casualmente coincidiendo con el criterio de la organización criminal PP, negando la constitucionalidad a una ley sin que esta estuviera redactada y por tanto desconociendo qué puntos del “inconstitucional texto” entraban en flagrante contradicción con una Constitución que en ninguno de sus artículos impide al poder legislativo la capacidad de legislar, que ya vendrá, después el Tribunal Constitucional a pronunciarse sobre la constitucionalidad o no, de una ley, pero eso, después, una vez que dicha ley esté redactada y se conozca su contenido, porque lo de hacerlo antes de conocer qué va a contener la ley, solo puede ser considerado un ejercicio de nigromancia judicial, o de servilismo por parte de unos jueces parciales que obedecen la voz de un amo, o se lanzan a las turbulentas aguas de un río ideológico.
Manuel García Castellón, uno de los jueces más señalados de connivencia con el Partido Popular.
Hay que ser muy tonto, Pérez, y señalo hacia usted, para creerse que un poder tan endogámico, partidista y elitista como ha demostrado ser el poder judicial en España, sin ser sometido a una profunda y transparente regeneración democrática, pueda generar la más mínima confianza en una ciudadanía que a pesar de ser tan tonta como usted, Pérez, tiene muy claro aquello de que; “el roba una gallina tiene diez años de cárcel y el que roba cien millones, con fianza va a la calle”.
En cualquier democracia, aunque sea una democracia tan presunta como la presunta democracia española, la independencia judicial es fundamental para garantizar al ciudadano la seguridad que se supone le debe otorgar el aura de sagrada que envuelve a la diosa Temis, o más concretamente en los latinos la hermosa Lustitia romana.
En una democracia seria, y España se supone que lo es, los jueces están obligados al Estado de Derecho, en el que las leyes emanan del poder legislativo que representa al pueblo soberano, le toca hacerlas efectivas al poder ejecutivo también emanado de la soberana voluntad del pueblo, y su administración e interpretación le competen al poder judicial, siempre en nombre del pueblo soberano, no de un partido político determinado. Del pueblo. Y en representación de Su Majestad el rey, como jefe del Estado, y aunque sea un jefe del Estado que el pueblo no elige.
El problema de la diosa Lustitia en España es que la dictadura primero, y después el bipartidismo imperante hasta hace poco más de un lustro, la ha prostituido tanto, la ha violado tanto, la ha mancillado tanto y empercudido tanto, que ha llegado un momento en el que el ciudadano ha aplicado aquella máxima tan española y antigua de “Justicia quiero, más no por mi casa”, asumiendo, indolente como es, que a pesar de lo que pueda estar escrito en cualquier tocho constitucional, dos justicias existen; la que se encarga de besar el ano al poder, y la que objetiva e imparcial hace caer todo el peso de la ley sobre el lomo del infeliz que, por su mala estrella, no pertenece a la realeza, ni a la nobleza política, eclesiástica o financiera.
El pueblo soberano ha despertado, sí, pero no en los aledaños de la calle Ferraz, como aseguran los indecentes, sino entre los cubos de basura de una clase política incapaz, corrupta, hipócrita e interesada.
Y ese despertar del pueblo exigiendo cambios, ha pillado a los indecentes con el paso cambiado, o en Dubái.
La pobre y desdichada Lustitia hispana es de nuevo violentada por los indecentes en la feroz lucha que los malhechores mantienen por controlarla para garantizarse la impunidad en sus propelías, como vienen haciendo desde que España es España, e incluso antes, porque los romanos aquellos también tenían lo suyo.
El Partido Popular ya ha anunciado que piensa torpedear al legítimo Gobierno de la nación desde todas las instituciones bajo su control.
El Consejo General del Poder Judicial, órgano supremo de los jueces y de facto un "gobierno por la puerta de atrás", lleva de manera anticonstitucional e ilegítima, gobernando la judicatura más de cinco años con el mandato canducado, porque el partido popular se niega a llegar a un acuerdo para su renovación, como ha ordenado el pueblo soberano en los dos ultimos procesos electorales.
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