La Cuestión Catalana
Gregorio Duque.
Agosto/24.
El acuerdo alcanzado para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat entre el PSC y ERC, enfrenta a los socios de la coalición de gobierno y precipita el debate sobre el modelo de financiación territorial.
La investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat sale adelante tras ratificar 3.397 militantes de ERC el preacuerdo suscrito entre éstos y el PSOE. Esto es un hecho. Veamos más:
- En cuanto al modelo.
1. El pacto implicará que Cataluña salga del régimen común y que la Agencia Tributaria catalana gestione, liquide, recaude e inspeccione todos los impuestos, empezando por el IRPF este próximo año. Es decir, el gobierno catalán tendría "la llave de la caja", pero la CC.AA. se comprometería a pagar al Estado por los servicios que presta a Cataluña y aportar una cuota de solidaridad para ayudar a otras regiones. El acuerdo contempla que Cataluña se comprometería a pagar al Estado por los servicios que presta en la región y aportar una cuota de solidaridad para ayudar a otras regiones. Eso sí, tendría que negociarse año a año y en una posición de igualdad.
2. En España existen dos modelos de financiación de las Comunidades Autónomas, que entre sus competencias cuentan con algunos de los servicios públicos más importantes del estado de bienestar, como la sanidad, la educación o la vivienda. Estos modelos son el “régimen común” y el “régimen foral”. Dentro del primero, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tienen tratos excepcionales por cuestiones históricas y geográficas. Dentro del segundo están los conciertos de Euskadi y Navarra, por razones históricas.
3. Junto con los recursos que el sistema de financiación proporciona a las Comunidades Autónomas, hay que añadir el resto de recursos de que estas disponen: tributos propios, transferencias de los Presupuestos Generales del Estado, fondos de la Unión Europea… De igual manera, las Comunidades Autónomas pueden obtener financiación acudiendo al endeudamiento, aunque con unos límites diseñados por el Estado.
4. La diferencia entre el “régimen común” y el “régimen foral” es que en el primero la Administración central recauda una gran parte de los impuestos (no todos, porque algunos están cedidos plenamente como sucesiones, patrimonio... otros parcialmente como el IRPF y algunos son propios o de las Administraciones Locales) y después los reparte entre las Comunidades Autónomas para que financien sus competencias y algunas inversiones, según “un principio de solidaridad” entre las más ricas y las pobres. Es cierto que este régimen está caducado y está a la espera de ser reformado desde hace años para ajustarse a la realidad actual de cada región, y no a la de 2009 sobre la que está formulado. En el régimen común la Administración central ingresa la mayor parte de los tributos y luego transfiere parte a las autonomías. Existen impuestos que recaudan directamente las comunidades de régimen común, pero su importancia es menor.
5. En el régimen foral, las Comunidades Autónomas recaudan la mayor parte de los impuestos, financian todas sus competencias e inversiones y pagan una aportación al Estado (el conocido como 'cupo vasco' en el caso de Euskadi por los servicios que se pagan desde la Administración central más una contribución al Fondo de Compensación Interterritorial). Una versión de este “concierto” o “régimen foral” es lo que está plasmado en el acuerdo entre PSC y ERC.
6. La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado ya ha subrayado que el preacuerdo "supone la ruptura total del sistema y de la solidaridad fiscal. Todos los expertos señalan que la 'Hacienda propia' para Cataluña implicará una pérdida de recursos para la caja común y el resto de comunidades. “La puesta en marcha de esta barbarie implicará consecuencias terribles para todos los españoles y entre ellos, y de forma especial, para quienes residen en Cataluña. La coordinación del sistema tributario se rompería con el consiguiente aumento del fraude fiscal, el coste para todos los ciudadanos también se vería incrementado, innecesaria e ineficazmente y, por supuesto, la gran mayoría de los servicios públicos que recibe la sociedad se verían gravemente dificultados, afectando fundamentalmente a quienes menos recursos tienen”. “Si cada región recauda sus propios impuestos” también se eleva el riesgo de “competencia fiscal” a la baja, que beneficie nuevamente a los más ricos.
7. Tanto el PSC como los comuns sostienen que Catalunya recibe un trato injusto en la asignación de recursos e incluso el PP catalán considera que debe mejorarse la fórmula, una opinión que también sostienen los responsables regionales de sindicatos mayoritarios, las patronales y la mayoría del mundo académico catalán. ERC retomaron en esta última legislatura el proyecto para dotar a Catalunya de una nueva financiación autonómicaque, a su entender, debe ser negociada bilateralmente con el Estado y dar a la Generalitat herramientas de soberanía. Para cumplir con este requisito, en opinión de ERC, el único modo es que haya un encaje singular para Catalunya, como ocurre con las tres provincias vascas y Navarra, pese a las grandes diferencias de población, economía y renta que hay entre estas comunidades y las implicaciones que podría sufrir la solidaridad entre las autonomías por salir del régimen común que establece la ley de financiación.
8. Algunos de los párrafos clave del documento firmado ahora por PSC y ERC son calcados a los que incorporaba aquella primera versión estatutaria, que acabó rebajada en el Congreso y, sobre todo, en el Tribunal Constitucional. Algunas cuestiones pueden plantear dudas de carácter constitucional. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de 2010 ya redujo el perímetro de la soberanía fiscal de Catalunya al considerar que no podía condicionar su aportación a la progresividad fiscal del resto de comunidades.
9. La salida de Catalunya del llamado régimen común es una operación legislativa de gran envergadura que requiere, al menos, de la modificación de la ley de financiación autonómica, LOFCA, que tiene rango de orgánica, además de la ley de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común o de la ley de cesión de tributos. Estos cambios exigen, al menos, una mayoría absoluta en el Congreso dispuesta a apoyar el concierto para Catalunya que, por ahora, parece muy difícil de conseguir.
10. Uno de los argumentos (o el principal) sobre el que se sostiene la exigencia de “un concierto” o “régimen foral” para Catalunya es el déficit fiscal. Hay que entender que la balanza fiscal de un territorio es la diferencia entre lo que aportan sus habitantes y empresas a través de impuestos y lo que les llega de vuelta en gasto público del Estado. Los expertos hablan de esta balanza como un modelo que debe dar información no tanto sobre el modelo de financiación autonómica sino de redistribución del sistema fiscal. Es por ello que los territorios más ricos suelen tener un resultado negativo y los menos ricos, positivo.
11. La mayoría del resto de Comunidades del “régimen común” cargan con la propuesta de ERC y PSC. Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló desde Palma, tras su encuentro con el Rey, que “es un acuerdo bueno para Catalunya y es un acuerdo bueno para España” ,en 2017, Pedro Sánchez rechazó este cupo catalán como solución al sistema de financiación autonómica en una entrevista en TVE. Por su parte, el Ministerio de Hacienda de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, dice respetar el acuerdo y guarda silencio. Desde Hacienda ni siquiera entran en si el cálculo de la balanza fiscal de la Generalitat es “controvertido”, según preguntó elDiario.es. Hace 15 días Montero aseguró que no se pondría en marcha un sistema de cupo catalán.
12. La Ejecutiva Federal del PSOE aprobó este martes una resolución en la que “respalda plenamente” el preacuerdo y “se compromete a impulsarlo y hacerlo efectivo en aquellos puntos donde su materialización dependa de las instituciones de carácter estatal en las que este partido tiene representación”, sin embargo, destacan las voces regionales contra el pacto que llegan desde filas socialistas. Por su parte, la portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Àgueda Micó, ha advertido este martes de que solo darán el voto de sus dos diputados (integrados en Sumar) a una reforma de la financiación autonómica si aborda la “infrafinanciación” de la Comunitat Valenciana. En la misma línea, el portavoz en el Congreso de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, también integrado en Sumar, remarcó: “Solo apoyaremos una reforma de la financiación si Aragón se ve generosamente compensado”, mientras que el diputado del BNG, Néstor Rego, recordó que el acuerdo de investidura entre los nacionalistas gallegos y el PSOE establece que “Galicia tendrá el mismo trato que Euskadi y Cataluña” y exigió el compromiso para garantizar un sistema de financiación justo para Galicia.
En cuanto a la justificación del acuerdo
1. Pedro Sánchez, para justificar el acuerdo con ERC, ha situado sobre el tablero el debate del Estado federal, sin que nada ni nadie hiciera prever que el presidente había dado por superado el modelo autonómico.
2. El federalismo no se puede plantear desde la bilateralidad del PSOE con ERC. El federalismo que se propone hoy es sobre un pacto de legislatura, y no ha habido debate alguno referida a solidaridad y responsabilidad compartida, que sí recoge la Constitución.
3. El federalismo no encuentra ni siquiera una cita en la Constitución, por lo que precisaría modificarla, al menos, en los títulos VII (Economía y Hacienda) y VIII (Organización territorial del Estado), además de todo un repertorio de leyes orgánicas relativas a financiación, además de los 17 Estatutos de Autonomía.
4. Los postulados federalistas bilaterales de Sánchez van en contra incluso de la llamada “declaración de Granada”, promovida en 2013por Alfredo Pérez Rubalcaba para coser las diferentes sensibilidades del partido en materia federal en los albores del ‘procés’, y que ha servido hasta el último congreso del PSOE para definir su modelo territorial.
5. La federalización no puede convertir un territorio en zona privilegiada dentro del Estado. La declaración de Granada hace referencia también a la “homogenización en la imposición sobre sucesiones y donaciones para evitar la competencia a la baja entre CCAA y su progresiva desfiscalización”. Para ello se propone “establecer un suelo homogéneo en todo el territorio, dejando un margen a las CCAA para su elevación”. Asimismo, apunta al concepto ‘esfuerzo fiscal similar’, “entendido como la existencia de una referencia normativa de tipos impositivos efectivos iguales”.
6. Entre quienes se han llevado las manos a la cabeza al presuponer que la soberanía fiscal catalana va a repercutir en los servicios básicos del Estado Social que somos constitucionalmente, destaca sobremanera el Partido Popular, partido que no ha externalizado ni privatizado ningún servicio sanitario, educativo,…en ninguna de las CCAA en las que gobierna.
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