La directiva contra la violencia machista de la Unión Europea no incluirá el delito de violación
Inmaculada de Mácula.
Marzo/24
La intención de la Eurocámara era que la nueva directiva europea, propuesta por Bruselas hace casi dos años, imitara la ley del "si es sí’ española y tipificara como delito en toda la UE el sexo no consentido. La dura oposición ejercida desde países como Alemania, Francia o Hungría, entre otros, lo ha impedido.
Esperada durante bastantes años, la directiva europea que permitirá regular las diferentes formas de violencia contra las mujeres en el marco común de la Unión verá por fin la luz, aunque sin incluir uno de los más graves delitos contra la mujer; la violación.
El delito de violación queda fuera de esta directiva por las presiones de varios estados que han logrado limitar la aprobación de un texto finalmente falto de ambición, que deja fuera la cuestión capital del consentimiento, algo incomprensible en una directiva contra la violencia machista.
La norma, que fue impulsada por España durante su presidencia del Consejo de la Unión Europea, se esperaba que entrara a fondo de la problemática y que defendería durante las negociaciones del texto con los gobiernos europeos que el sexo sin consentimiento fuera tipificado como delito de violación y perseguido en toda la Unión Europea, siguiendo el modelo del «sí es sí» de estados como el español, con el fin de reforzar la protección de las mujeres. Sin embargo, los Veintisiete, que ya se mostraron reticentes, han dejado este aspecto crucial de la problemática de la violencia machista, porque consideraban que la reforma no ofrece la base legal necesaria para abordar la violación.
Si hace una década el Convenio de Estambul del Consejo de Europa sentaba un importantísimo precedente para combatir la violencia contra las mujeres, esta Directiva parece marcarse objetivos mucho menos ambiciosos, y resulta significativo que hayan sido naciones como Francia, Hungría o Alemania las que hayan bloqueado el punto sobre consentimiento en el texto de la Unión.
La nueva norma incide en el acceso a la justicia y la obligación de los estados miembros a garantizar protección y apoyo especializados, cuestiones que han sido claves en el debate sobre la violencia sexual en nuestro país y que ya refleja la ley Solo Sí es sí, cuya parte integral profundizaba en cuestiones como la formación especializada de operadores jurídicos, la reparación de las víctimas o la obligatoriedad de contar con Centros de Crisis 24 horas en todas las provincias españolas antes del fin del 2024.
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