Pedro del Rincón, Diego Cortado, Mascarilla y Mediador
Gregorio Duque.
Marzo/23
Pedro del Rincón: Quince años. Víctima de maltrato. Huye de su casa rumbo a Sevilla. Maestro tahúr.
Diego Cortado: catorce años. Víctima de maltrato. Huye de su casa. Maestro con las tijeras; con dotes para ser buen sastre.
Diego y Pedro se conocen en una venta situada en el camino de Toledo a Andalucía. Pedro le enseña a Diego sus dotes con las cartas y le ganan mucho dinero a un arriero. Una vez en Sevilla, Diego se apropia de dos camisas y un reloj de oro, el cual es vendido por buen precio.
Establecidos en Sevilla, obtienen trabajo de vendedores ambulantes y así robar más a gusto, llegando a robarle una bolsa con dinero y un pañuelo a un sacristán, hecho del cual se percata otro joven, que les cuenta que hay una cofradía de ladrones y que si quieren robar en Sevilla tienen que registrarse ante Monipodio, jefe y coordinador de los ladrones, golfos, delincuentes y putas. Una vez aceptados por Monipodio, pasan a ser Rinconete y Cortadillo, siendo este último apodado “El Bueno” por devolver al alguacil la bolsa robada al sacristán.
Mascarilla: el director del Servicio Canario de la Salud (SCS),Conrado Domínguez, presentó su dimisión a raíz de su imputación por delitos de prevaricación y tráfico de influencias en este caso. En estos momentos, la investigación se encuentra en manos de la Fiscalía Europea, después de que el magistrado Francisco Javier García García-Sotoca traspasara las diligencias. El titular del Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria dictó el pasado mes de noviembre un auto de avocación del conocimiento de ese procedimiento a favor del organismo comunitario. Es decir, renunció a presentar una cuestión de competencia, se inhibió y dejó la investigación en manos de la Fiscalía Europea, que es quien actualmente instruye el procedimiento, al sospechar que el dinero que pagó por adelantado el Servicio Canario de Salud para adquirir 1.000.000 de mascarillas proviene de fondos FEDER.
En el caso Mascarillas se investiga un contrato firmado en los meses iniciales de la pandemia, por el cual el Servicio Canario de Salud abonó cuatro millones de euros a la sociedad RR7 por una partida de un millón de mascarillas FFP3 que nunca recibió. La empresa RR7 era una firma dedicada al comercio de coches sin experiencia anterior en la importación de material sanitario. El procedimiento penal, paralelo al abierto por el Tribunal de Cuentas, apreció graves irregularidades en el expediente por el que se pagó por adelantado cuatro millones de euros a esa empresa que trató de importar una partida de un millón de mascarillas de la marca 3M que resultaron ser falsas y que fueron interceptadas y destruidas por Aduanas.
Mediador: Marco Antonio Navarro, empresario, nexo entre varios cargos públicos de una red de extorsión y otros empresarios —principalmente en el ámbito ganadero y alimentario— para conseguir privilegios en contratos públicos, ayudas europeas o evitar sanciones e inspecciones.
A los implicados se les imputan cargos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal.
La primera pista sobre el caso se dio cuando en diciembre de 2021, Ángel Luis Pérez Peña, que era director de Deportes del Cabildo de Tenerife, acudió a una comisaría a denunciar varias compras con su tarjeta bancaria que él no había realizado. Aunque la investigación terminó en archivo, llevó a la Policía hasta el empresario Marco Antonio Navarro, que negó haberle robado la tarjeta pero afirmó tener “pruebas contundentes” sobre delitos de corrupción cometidos por cargos políticos canarios. Una serie de evidencias que se extrajeron posteriormente de su teléfono móvil.
Juan Bernardo Fuentes Curbelo
Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Era desde 2020 —renunció al conocerse el caso— diputado por el PSOE en el Congreso de los Diputados tras sustituir a otra parlamentaria. Antes fue director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, puesto que fue ocupado por su sobrino. Presuntamente, encabezaba el ‘caso Mediador’ y recibía las “comisiones” por parte de empresarios a cambio de subvenciones o contratos públicos, agilizar licencias o frenar inspecciones, entre otras. Esas comisiones eran depositadas en las cuentas de la Asociación Deportiva Vega de Tetir, que Fuentes Curbelo presidía.
Taishet Fuentes
Su sobrino y exdirector general de Ganadería, Taishet Fuentes. Fue destituido del cargo en junio de 2022 —antes de que se tuviera conocimiento del caso—, porque no tenía la confianza del presidente autonómico, Ángel Víctor Torres. Pero hace unas semanas había sido proclamado de nuevo candidato a la alcaldía del municipio canario de Antigua. Su supuesta función en la trama era “manipular expedientes” y ejercer su influencia sobre los empresarios.
General, Francisco Javier Espinosa
El general retirado de la Guardia Civil, Francisco Javier Espinosa. Es el único que ha ingresado en prisión hasta el momento (delitos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal organizado). El Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil lo señala como perceptor de sobornos de empresarios. En sus declaraciones, el ‘Mediador’ señaló que este “provocaba la situación propicia para extorsionar a varios ganaderos”, llegando incluso a conseguir que “se enviase al Seprona a varias ganaderías a inspeccionarlas y, por ello, se veían obligados los ganaderos canarios a pagar las comisiones impuestas”
Marco Antonio Navarro es el empresario al que se ha atribuido el nombre de ‘Mediador’ por actuar como el nexo entre los empresarios y los dirigentes políticos. Ya había tenido condenas anteriores relacionadas con estafa, falsedad documental, robos con fuerza y violencia, estafa…
Marco Antonio Navarro
Además de los cuatro cabecillas —los dos políticos socialistas, el exgeneral de la Guardia Civil y el ‘Mediador’—, en el caso están siendo investigadas, por el momento, otras ocho personas. Son ganaderos y empresarios que presuntamente pagaron comisiones para obtener tratos de favor. Dos de ellos, por ejemplo, eran propietarios de empresas en la península ibérica que buscaban entrar en la Zona Especial de Canarias (ZEC) —sujeta a un tipo impositivo reducido del 4%— o abrir una filial en Canarias.
El texto del sumario revela la variedad de pruebas que se extrajeron del teléfono del empresario, como documentos gráficos y audios de los encuentros entre empresarios y políticos. Se daban tanto en bares, restaurantes, hoteles y locales nocturnos, como en el mismo Congreso de los Diputados. Parte de estos negocios se llevaban a cabo en las fiestas pagadas por estos empresarios, en las que había drogas y prostitutas. Pero la Cámara Baja era el lugar donde el ‘Mediador’ de este caso supuestamente llevaba a los empresarios en un primer momento para pagar una especie de “peaje”.
Los dos primeros, el de Rinconete y Cortadillo, son casos de latrocinio y corrupción peninsular, narrados por D. Miguel de Cervantes, en el que llega a participar el alguacil, amigo de los cofrades.
Los otros son casos autóctonos, con ramificaciones al putiferio y al esnife más castizo, o tribunales por encima de los Pirineos, síntoma de los nuevos tiempos que vivimos, en los que se hace preciso exportar, vender, dinamizar, cual feria de Turismo. Hora era de que Canarias diera el paso y dejara para el pasado asuntos locales como en el caso Arona, caso Atlante, caso Corredor, caso Eólico, caso Faycán, caso Grúas, caso Islas Airways, caso Las Teresitas, caso Mamotreto, caso Salmón, caso Sinpromi, caso Stratus, caso Unión, caso Siliuto o caso Banta Brígida.
Canarias ha entrado por fin en la Champions.
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