El Miedo al delito
Gregorio Duque.
Abril/23
Desde entonces, el miedo al delito se ha convertido en un problema de estudio tan importante como las propias tasas de criminalidad objetivas.
El 28 de marzo de 1967, el entonces presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, dio un discurso de bienvenida a los delegados que asistían a la National Conference on Crime Control, en la que narró a los asistentes la historia que había leído en la prensa: un estudiante había sido asesinado en Brooklyn con una puñalada en el pecho por cuatro atracadores por el hecho de no llevar cigarrillos. La madre de la víctima había gritado llorando, al conocer la fatídica noticia, que habría podido soportar el fallecimiento de su hijo en Vietnam, pero que le parecía monstruoso morir por no llevar un cigarro. A partir de aquel caso real y del grito de las madre, Johnson afirmó que lo monstruoso era que en Vietnam, a 10.000 millas de distancia, estuvieran muriendo 8.000 estadounidenses a manos de los vietcongs, mientras que en las calles estadounidenses murieron más de 50.000 de forma violenta a manos de otros norteamericanos. Con aquellos datos demoledores, el presidente Johnson afirmó que más allá de las propias estadísticas, existe un clima de miedo; el clima de miedo que produce el delito.
El 36º presidente hablaba con el aval de los estudios que había encargado a la Commision on Law Enforcement and Administration of Justicie en 1965, y las estadísticas que recogió en su discurso se encontraban en el informe final de la Comisión, de febrero de 1967, titulado “The Challenge of crime in a Free society” ( El reto del crimen en una sociedad libre), en el que se pretendía conocer la incidencia del delito desvelando cuán grande era la “cifra negra” y real de víctimas no registradas oficialmente en los circuitos policiales y judiciales y que llevó, tras una encuesta, a unas cifras inesperadas y escandalosas.
Las probabilidades (matemáticas) de ser víctima de un delito y los datos (numéricos) sobre el temor a ser víctima no eran coincidentes. Y fue esa diferencia entre los riesgos de ser víctima y los temores a serlo, la que constituyó el origen a la categoría académica de miedo al delito acuñada 20 años después por los sociólogos Kenneth F. Ferraro y Randy LaGrange con la definición más aceptada por la doctrina: “El miedo al delito es una respuesta emocional de nerviosismo o ansiedad al delito o símbolos que la persona asocia con el delito.
Desde entonces, el miedo al delito se ha convertido en un problema de estudio tan importante como las propias tasas de criminalidad objetivas, puesto que las consecuencias negativas de este temor subjetivo tanto a nivel individual como social o urbano son muy preocupantes para la vida social, acabando por ser el temor de los ciudadanos que experimentan ante la posibilidad de ser personalmente víctimas de un delito, o lo que es lo mismo, el temor por la propia seguridad.
A nivel individual, el miedo al delito puede provocar cambios de conductas dirigidas a una mayor protección dentro y fuera del hogar, mientras que fuera de la vivienda se pueden abandonar ciertas zonas o evitar determinadas interacciones sociales, lo que hace disminuir la vigilancia informal e incrementa el riesgo de aparición de delitos. Esto último, además, enlaza con las consecuencias sociales, como la disminución de la comunicación o el aislamiento social. Por tanto, el miedo al delito afectaría a los patrones de actividad de los individuos,
limitando su participación en las actividades sociales e, incluso, generando un estrés psicológico que supone una grave limitación en la libertad individual Sin embargo, no hay que dejar de lado que el miedo al delito no tiene por qué ser intrínsecamente nocivo para los ciudadanos, porque puede poner a los individuos “alerta” y prevenir conductas que favorezcan su victimización. Por tanto, este concepto llega a ser disfuncional cuando el miedo es desproporcionado al riesgo objetivo, lo que convertiría a los individuos en víctimas de una percepción subjetiva y no necesariamente relacionada directamente con la realidad delictiva. Entre la literatura científica centrada en este concepto del miedo al delito, una importante línea de investigación se ha enfocado a detectar los factores que contribuyen a crear sentimientos de inseguridad ciudadana. Así, se pueden establecer tres hipótesis para conocer el miedo al delito, centradas en la vulnerabilidad de los individuos, en la victimización, y en las variables ambientales:
Vulnerabilidad: se trataría del estudio de las variables personales, como sexo, edad, capacidad de afrontar problemas y control.
Victimización: Haría referencia a las variables psicosociales, y se centraría sobre todo en que aquellos individuos que ya han sufrido o vivido de forma directa o indirecta un delito temen ser víctimas de nuevos delitos. Los delitos vividos de forma directa son los que se sufren en primera persona, en los que el individuo es víctima, mientras que los delitos sufridos de forma indirecta hacen referencia al conocimiento de victimización.
Procesos ecológicos o variables ambientales: en diferentes estudios se postula que las dinámicas de los vecindarios y la actividad social de los mismos son claves para la reducción tanto del delito como del miedo al delito, en el sentido de que los barrios más cohesionados y con mayor integración, e incluso los diseños de los espacios, pueden favorecer que el miedo al delito sea menor. Este hecho conlleva que los signos de desorden en un lugar determinado atraen más desorden y debilitan el control social informal, es decir, que la delincuencia genera más delincuencia. Así, cuanto más “desordenado” perciba un individuo su barrio, más miedo al delito tendrá.
Respecto a la medición del miedo al delito, no hay un consenso claro al respecto, pero se puede señalar que de forma genérica, para analizar cualquier fenómeno criminal, se cuenta con cuatro fuentes de datos habituales, como son encuestas de victimización, datos judiciales, datos policiales y datos penitenciarios. Y dado que hablamos de percepciones subjetivas, la metodología que más se ha utilizado es la encuesta. En el caso concreto de España, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sí ha tratado algunos problemas relacionados con la victimización a través de barómetros, pero casi de forma puntual y sin un seguimiento, mientras que el Instituto Nacional de Estadística (INE) prácticamente no ha realizado estudios en este sentido, lo que ha supuesto que no se hayan configurado instrumentos normalizados de medida que permitan profundizar en el miedo al delito, sus causas y consecuencias.
Y de este modo llegamos a abril de 2023, fecha en la que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, creado en 2002, analiza los datos de las estadísticas únicamente judiciales, sin que exista dato alguno referente al miedo al delito de la mujer residente en España veinte años después.
Llegamos, igualmente, a que no haya datos reales por falta de encuesta referidos al miedo a ser víctima de ocupación por parte de los propietarios, ni de qué zonas o núcleos urbanos o barrios son los de mayor o menor preocupación, y su relación con la clase social predominante, o con el uso de vigilancia privada, o por el número de comisarías existentes.
Seguimos sin ver, transcurrido ya el mes de marzo de 2023, en los mítines teloneros a los de la campaña de mayo, que se proponga en esa lista de promesas incumplidas llamado “Programa electoral” una encuesta al menos sobre el riesgo de las jóvenes a ser víctimas de manadas, más allá de que los consabidos eslóganes por parte de todos y cada uno de los partidos con aspiraciones a gobernar y seguir sin actuar sobre el miedo al delito en España.
Y, finalmente, dejamos a un lado cualquier discusión sobre el miedo al delito, para entrar a trapo como sólo sabemos los españoles en discusiones absurdas, rolando a gilipollas, en las que el objeto es señalar con nombre y apellidos que Doña Ana García Obregón, como en su día don Kiko Hernández o Tamara Gorro, no han cometido delito al tramitar y gestionar una madre de alquiler en el país de don Lyndon B. Johnson, pero sí que lo son los que han dado al chiquillo previo pago de precio, como la familia de Badajoz, copiando los actuales protagonistas de la política patria el guión de la película de hace medio siglo: señalar como delito la práctica del aborto en suelo español, y de compras y/o vacaciones la practicada en Londres y que, como antaño, pocos seamos los que nos preguntemos sobre las causas de venta de un bebé, del precio de venta de 2.000 euros, de quiénes son los compradores o de si lo compraban para criarlo o para usar sus órganos en sustitución de alguno averiado de su enfermo y rico hijo.
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