El Baile del Cangrejo
Daniel Martín.
Junio/24
En las dos últimas décadas el empleo público en España ha sufrido un fortissimo proceso de precarización, que ha logrado romper el aura de "privilegiado" con la que siempre se ha adornado al sufrido funcionario, al que, además, por envidia, se ha estigmatizado de vago. La pérdida general del poder adquisitivo del trabajador hispano, insuficientemente frenada en esta legislatura, ha hecho especial mella en el sector público.
El neoliberalismo imperante en todo el mundo está basado en fórmulas magistrales de manual que los gobiernos de cualquier signo bajo el área de influencia del "Mercado", aplican al dictado y con buena letra. Una de esas fórmulas es la privatización de los servicios públicos, basándose en la falacia conservadora que sostiene que los servicios al ciudadano funcionan mejor y son más rentables si son privados. Otra y fundamental es la precarización del empleo público.
La consigna liberal que se está difundiendo desde los despachos financieros internacionales, es que la justicia social es una aberración, que la recaudación de impuestos por parte de los estados es un robo y que la aspiración de una sociedad igualitaria, en realidad, solo busca sostener a una casta de vagos. Un mantra repetido por los difusores del liberalismo en el resto del mundo desde el enajenado Milei, a la enajenada Ayuso, pasando por el patético Feijóo o el absurdo Abascal, danzando al son que les marca el ridículo Trump.
En los últimos años, España ha experimentado un retroceso en las condiciones del empleo público abanderado por la temporalidad, es decir el empleo con fecha de caducidad, algo que en lo referido al empleo público afecta tanto a los funcionarios como a interinos, o el personal laboral, y que en la anterior legislatura del gobierno de Mariano Rajoy llegó a alcanzar el 30% del empleo público generado.
Los más afectados por los recortes y la temporalidad, o lo que es lo mismo por la precarización del empleo público, son los sectores de la investigación, la enseñanza, la sanidad y el transporte, es decir aquellos que son vitales para alcanzar la utopía de una sociedad, en efecto, más igualitaria y justa.
Este inexorable deterioro del empleo y los servicios públicos se suele justificar desde la administración mediante la palabra "flexibilidad", que es muy socorrida y puede abarcar absolutamente todo lo imaginable, de modo que, un político aparece en televisión y anuncia que va a proceder a la "flexibilización del Transporte público", por ejemplo, y lo argumenta asegurando que con ello logrará un ahorro de combustible, que además del beneficio económico, conlleva un beneficio medioambiental, pero no solo eso, sino que con lo que se ahorra en combustible se podrán comprar más vehículos, estos ya de energía limpia, con los que aumentará la frecuencia de paso, con lo que se reducirá el tiempo de espera del ciudadano para llegar al trabajo, y el tiempo ganado se reflejará en la productividad, y con el aumento de la productividad llegará el de los beneficios empresariales y con los beneficios del patrón el aumento salarial de los trabajadores y al final España será el mundo de Oz.
La realidad de esa "flexibilización", sin embargo, será que se adelantará la jubilación de una parte de la plantilla, se despedirá a otros trabajadores aquejados de temporalidad y se cubrirán la mitad de las bajas ocasionadas por la flexibilización con nuevo personal contratado en condiciones más precarias que los anteriores, no se renovaran ciertas líneas haciendo los recorridos más largos y por tanto con un mayor consumo de combustible y la renovación de la flota con vehículos limpios se hará, como estaba previsto, a medida que los viejos se caigan como chatarra. Lo que si se beneficiará de la flexibilización serán los beneficios patronales, de manera que nadie pueda acusar al político de mentir...en todo.
El objetivo principal de la flexibilidad es el de reducir “costes” y aumentar los beneficios empresariales. La precarización del servicio no importa porque una vez "flexibilizado" es muy difícil dar marcha atrás, del mismo modo que una vez se consiente la pérdida de un derecho, es prácticamente imposible recuperarlo o su coste suele ser desproporcionado.
El liberalismo que ha venido a sustituir al más equilibrado capitalismo y que nos ha llovido y nos sigue lloviendo en modo "cala bobos" no ha sido instaurado oficialmente, pero todos estamos sufriendo ya sus consecuencias, en el precio de nuestros alquileres que se han disparado un 78% en la última década, en la subida desmesurada de los alimentos, en las ridículas subidas de salarios o pensiones, injusticias que ahora, desde un gobierno progresista, se intenta remediar, y es imposible. Nunca recuperaremos el poder adquisitivo que hemos permitido que nos quiten.
La receta liberal es reducir los derechos de la clase trabajadora, precarizar tanto el empleo, que los trabajadores vuelvan a verse abocados a trabajar a cambio de cualquier salario, por mísero que este sea. En este sentido, el retroceso en el empleo público está perfectamente calculado, ya que las condiciones del empleo público son aquellas en las que se miran el resto y producen un efecto comparativo que arrastra al resto, de manera que precarizar el empleo público conlleva debilitar a la clase trabajadora en general.
En una sociedad altamente tecnificada como en la que vivimos, con un pleno acceso a una mal llamada información, en la que el 90% de lo que consumimos y altísimo porcentaje de lo que pensamos nos viene dictado desde unas redes sociales que trabajan siempre, sin precarización, a sueldo del mejor postor. Desde unos medios convencionales de comunicación que hace mucho que perdieron su etiqueta de imparcialidad para convertirse en altavoces de unos intereses determinados, en una sociedad en la que, en cada día que pasa, perdemos un poquito de nuestro derecho a un trabajo, a una vivienda dignos, a una sanidad pública y universal, a una sociedad más justa e igualitaria, quizá deberíamos comenzar a pensar en poner los límites al liberalismo, y un buen tranco de freno puede ser empezar a defender el empleo y los servicios públicos, para poder decir después: "hasta aquí hemos llegado", y urgir a una reforma democrática del sagrado e intocable "Mercado" que en el fondo no es más que un puñado de avariciosos vejetes empeñados en hacernos bailar el baile de los cangrejos.
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