Después de cinco años, PSOE y PP han alcanzado un acuerdo para la renovación del Poder Judicial.

Redacción.

Junio/24.

 

Tras más de cinco años de secuestro por parte del PP, los dos principales partidos de España han alcanzado un acuerdo para la renovación del Poder Judicial, el acuerdo llega tras meses de cruzar acusaciones de torpedear las negociaciones y entre varios intentos frustrados, pero que, finalmente, viene a regularizar una situación de interinidad que se remontaba a diciembre de 2018.

 

 

Después de más de cinco años secuestrado por el Partido Popular, que incumpliendo la Constitución, y sin obedecer el mandato del pueblo, ha mantenido en situación de interinidad al principal órgano judicial que con una mayoría de jueces conservadores controlaba la formación liderada por Núñez Feijóo, que no ha tenido más opción que llegar finalmente a un acuerdo con el gobierno, después del ultimatum dado por el Ejecutivo para que se renovase el Consejo o en caso contrario sería el propio gobierno el que usaría de su mayoría para forzar la renovación.

Los herederos del régimen franquista, se han negado en estos cinco lustros a perder su influencia en una de las instituciones clave del Estado, que es la encargada de decidir qué jueces ascienden a los más altos puestos de la judicatura, sobre todo la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la única con capacidad para juzgar a los aforados en España.

El acuerdo alcanzado incluye el reparto de los 20 puestos que compondrán el órgano de gobierno de los jueces, con el 50% de los candidatos que serán propuestos por el PSOE y el otro 50% por el PP, así como el nombramiento de un magistrado del Tribunal Constitucional, José María Macías, considerado un juez a la derecha de la derecha en el CGPJ.

El ultimatum del gobierno ha forzado al PP a renunciar a una serie de condiciones que hasta ayer mismo eran de carácter irrenunciable. En los últimos días, las declaraciones públicas de Alberto Núñez Feijóo y de sus portavoces, dejaron de aludir a estas cuestiones que el Partido Popular llevaba esgrimiendo más de un lustro para torpedear el acuerdo.