Iniciada la XV legislatura de la democracia española

Redacción.

Agosto/23

Con la constitución de la Mesa del Congreso de los Diputados, ayer comenzó su andadura la décimo quinta legislatura de la democracia española, que se adivina conflictiva y muy correosa, dada la desigualdad en el reparto del poder territorial y la supremacía de la derecha en el Senado, si, finalmente el bloque progresista se pone de acuerdo para posibilitar un gobierno y se evita la repetición de elecciones.

Una de las novedades de esta legislatura será el uso habitual en la Cámara del resto de las lenguas oficiales de España, según las declaraciones de Pedro Sánchez, presidente en funciones del Gobierno; "Las lenguas cooficiales son un enorme activo de nuestra sociedad", ha comenzado diciendo Sánchez, quien asegura que en España se habla, además del español, "en catalán, en euskera y en gallego" y que el "deber" el Ejecutivo es "consolidar espacios de representación del uso de las lenguas".

Otro de los hechos relevantes de esta XV legislatura será la ausencia de la ultraderecha en la composición de la Mesa del Congreso, al no llegar a un acuerdo entre las dos formaciones fascistas, después de que el jueves el Partido Popular cumpliese con los pronósticos y no haya cedido apoyos para que la ultraderecha pudiese conservar el asiento del diputado Ignacio Gil Lázaro.

Una mesa del Congreso que, después de que el PSOE lograse llevar a buen puerto las negociaciones con Junts y ERC recabando sus apoyos, estará presidida por la socialista Francina Armengol, que ha sido elegida por 178 votos a favor, frente a los 139 apoyos de la candidata del PP, Cuca Gamarra y, sorprendentemente, los 33 de Vox han ido para su candidato, Ignacio Gil Lázaro.
Una Mesa progresista que se ha podido formar gracias al acuerdo al que han llegado PSOE y Sumar con Junts, el partido de Carles Puigdemont, que ha desbloqueado la elección de la Mesa de la Cámara Baja, que finalmente se ha inclinado hacia el bloque progresista.
Entre las exigencias de Junts, dos comisiones de investigación (sobre el caso Pegasus y sobre los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017) y el uso del catalán en el Congreso.
Un acuerdo similar al que los socialistas han alcanzado con ERC, que además añade un compromiso del Estado "con el fin de la represión relacionada con el 1-O contra el independentismo por las vías legales necesarias", que no se ha concretado de momento.