Se hace efectiva la dimisión del Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.

Tras la salida de un presidente en caída libre y que no podía justificar por más tiempo el anacronismo democrático que representa que el máximo órgano de gobierno de los jueces esté desde hace cuatro años en modo “eventual”, contraviniendo la Constitución, y en un claro desafío de gobierno al Gobierno de la nación, la situación de la cúpula judicial española queda retratada muy en precario, con unos jueces conservadores en modo de bloqueo y a la espera de las próxima elecciones generales, y dejando constancia de la urgente necesidad de reforma en un poder esencial en la democracia, y que aún no se rige por normas del todo democráticas, ni en su proceso de elección, ni en el comportamiento de sus miembros, que han dado suficientes muestras de ser más conservadores o demócratas que jueces, en la percepción que tiene una buena parte de la ciudadanía.

La situación de inmovilidad de los órganos de poder judicial en España (circunstancia que se podría calificar de golpismo, sin tener que rebuscar mucho en el código penal para justificar esa etiqueta) es motivo de preocupación en la Unión Europea, cuyo responsable de Justicia, Didier Reynders ya "sugirió" a Gobierno y oposición que consensuasen la pronta renovación del CGPJ, ante el disparate de estar cuatro años de “prestado” tras cumplir, por voluntad de los ciudadanos, su mandato.

La dimisión de Lesmes fuerza al poder Ejecutivo a “mover ficha” y por eso el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha convocado a una reunión al líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo, aunque no existe ninguna esperanza de que puedan llegar a un acuerdo, dada la voluntad del Partido Popular de seguir aferrado al poder, controlando las salas del Tribunal Supremo y otras instituciones, ”por la puerta de atrás”, mientras confían en recuperar el poder Ejecutivo y Legislativo en las próximas elecciones generales.